Pronunciamiento contra el dictamen de la “Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo”

Las y los abajo firmantes, integrantes de organizaciones ambientales, ciudadanos y académicos del Estado de Michoacán, nos oponemos a la aprobación en los actuales términos del dictamen de Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo (LCSAEMO), que se pretende aprobar por el Congreso del Estado.

El dictamen es un retroceso en el cuidado del medio ambiente, ya que es una lesiva iniciativa enviada por el Gobernador Silvano Aureoles, que mercantiliza y privatiza la naturaleza y promueve la devastación ambiental al flexibilizar los instrumentos de protección y simplificar la complejidad ambiental a una cuestión crematística (monetaria). Además carece del soporte de diagnósticos científicos y técnicos, con dimensión integral y regional, de las problemáticas ecológicas y ambientales que se pretenden legislar. Una de sus falencias en que se apoyó en un proceso de participación social de actores clave como académicos, especialistas y sociedad civil interesada en estas problemáticas, ya que sus propuestas no están incluidas.  El documento se limita a citar cifras globales y aspectos generales del deterioro; e ignora las demandas de decenas de organizaciones ambientalistas y las más de cien recomendaciones puntuales y detalladas que el Consejo Estatal de Ecología (COEECO) ha realizado a las autoridades estatales desde hace dos décadas.

Entre los puntos más cuestionables del dictamen están los siguientes:

1. Permite al sector privado administrar las Áreas Naturales Protegidas (ANP`s), las cuales según su informe comprenden más del 7% del territorio michoacano (Art. 84 del dictamen). Esto conlleva a que los bienes naturales se privaticen, ante una supuesta causa ambiental.
2. No incluye la prohibición del uso de los cañones antigranizo, realizados por los empresarios agrícolas (como aguacateros) y que afecta las condiciones climáticas locales como la cantidad y frecuencia de lluvias y por ende actividades esenciales como la agricultura.
3. Establece la verificación vehicular como obligatoria en Michoacán con fines recaudatorios, más que como una solución a los problemas ambientales. De aprobarse, afectaría la economía de los más pobres, sin darles alternativas de transportación de calidad y ambientalmente más adecuadas. Ello, sin tocar a los principales causantes de la contaminación atmosférica: la deforestación y cambios de uso de suelo y las emisiones de las grandes industrias, entre ellas Kimberly-Clark y Arcelor Mittal. Por tanto, el problema no solo son las fuentes móviles[1], sino las fijas. Además, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET) carece de la capacidad técnica y de personal para asumirse como entidad verificadora, con lo que se estaría abriendo un amplio nicho de corrupción (Art. 127-138 del dictamen).
4. Establece el "Fondo ambiental" como un mecanismo discrecional para la captación de recursos públicos y privados con fines difusos en materia ambiental y sin participación ni vigilancia de los afectados ambientales o actores clave de la conservación ecológica. Esto conlleva a la simulación de que hay cuidado ambiental y abre la posibilidad de un mercado de corrupción y tráfico de influencias con los recursos económicos captados; aún más cuando varios legisladores tienen conflicto de interés al respecto (Art. 7; fracción III del Dictamen).
5. Creación del “Seguro ambiental y garantía financiera” como un instrumento económico para que los responsables de la devastación ambiental continúen realizando sus actividades y proyectos a través de una compensación económica por el daño a los ecosistemas y entorno ambiental. De hecho, es una forma velada de autorizar el daño ambiental (basado en el principio de quien contamina paga), al haber una obligatoriedad en la compra de un seguro y fianza que exime de responsabilidades al causante del deterioro.
6. Elimina el instrumento de la Educación Ambiental establecido en los
   artículos  56 y 57 de la ley vigente, que son de avanzada a nivel nacional y toda América Latina, y lo sustituye por una improvisada y vacía ocurrencia de educación sustentable (que solo es el artículo 60, sin contenido alguno).
7. Exenta a las botellas de refrescos y empaques de comida chatarra dentro de la prohibición de plásticos de un solo uso, que son la mayoría de este tipo de contaminantes. Esto, además de prorrogar 2 años la medida (Artículo Sexto Transitorio del Dictamen), cuando se llevan 3 años tarde en comparación con la legislación de otros estados. La ley omite sancionar a los fabricantes de plásticos de un solo uso (Art. 57 del Dictamen).
8. Mantiene el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) (Art 79 del Dictamen). Por ello, es fundamental modificar los artículos 80 al 86 del Dictamen que se pretende aprobar.
9. Limita y somete al Consejo Estatal de Ecología (COEECO) al eliminar las facultades para darse un reglamento propio, elegir la terna de entre los que el Congreso del Estado elija al presidente o presidenta, y lo mantiene marginado presupuestalmente. (Art. 159 del dictamen)
10. En cuanto al manejo del agua se carece de una noción de derechos humanos que garantice la accesibilidad al agua potable a la población y la conservación de las fuentes superficiales y subterráneas de agua. En particular los artículos 93-95 del dictamen están entremezclado con los temas de suelo sin una dimensión ambiental integral, que lo vincule con los bosques y el manejo de cuencas. Estos no aportan algo sustantivo que regule el daño ambiental causado por la  sobreexplotación de acuíferos y  las afectaciones en la cantidad y calidad del agua de manantiales, ríos, lagos y humedales en general.

Lo más grave sin embargo, puede ser el hecho de que el proyecto de Ley elimina toda una serie de derechos de la ciudadanía y obligaciones de las autoridades, que nos dejan en una situación de incertidumbre jurídica y de indefensión ante la actuación de los funcionarios estatales:

1. Elimina la obligación de la SEMACCDET de publicar semanalmente las solicitudes recibidas para su autorización en materia de impacto ambiental (Art. 39 de la ley vigente[2]).
2. Elimina la facultad la ciudadanía de poder consultar las manifestaciones de impacto ambiental (Art. 39 de la ley vigente[3]).
3. Elimina el derecho de los ciudadanos de solicitar la consulta pública de los proyectos presentados para su evaluación en materia de impacto ambiental (las MIA´s). (Art 41 de ley vigente[4]).
4. Elimina el derecho de los ciudadanos de presentar observaciones técnicas y legales así como de presentar propuestas de mitigación y compensación y que se integren al expediente del proyecto (Art 41 de ley vigente[5]).
5. Elimina la obligación de la SEMACCDET de sujetarse a lo dispuesto en los Ordenamientos Ecológicos del Territorio (OET´s), en las ANP´s y en los Programas de desarrollo urbano PDU´s al autorizar las MIA's (artículo 42 de la ley vigente[6]).
6. La SEMACCDET se arroga la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental sin excluir los casos de competencia federal y sin precisar cuáles son de competencia estatal (como se hace en la ley actual en su artículo 37), lo que puede representar una invasión de facultades federales.
7. No prohíbe la abrogación o modificación de las áreas naturales protegidas, lo que facilita el cambio de uso de suelo en beneficio de proyectos inmobiliarios o agrícolas (Art. 77 del Dictamen).
8. Elimina los requisitos mínimos para elaborar los ordenamientos ecológicos, y que aseguraban la transparencia y la participación social en el proceso: realización de talleres, publicación de un aviso de consulta o la convocatoria a una reunión pública de información (Art. 31 de ley vigente[7]).
9. El Dictamen elimina los artículos que van del 175 al 188 de la ley vigente, que norman la inspección y vigilancia, y otorgan derechos a los inspeccionados, para garantizar que sean respetados sus derechos humanos y evitar excesos y abusos de las autoridades.
10. El dictamen señala que habrá infracciones leves, graves o muy graves, pero sin definir en qué casos serán consideradas leves, graves o muy graves, lo que confiere a la autoridad una gran discrecionalidad (Art. 187 del Dictamen).

 Por todo lo anterior, denunciamos que el dictamen propone una Ley anti ambiental que cosifica (mercantiliza) la contaminación y la deforestación, desprotege los ecosistemas y a la ciudadanía y confiere impunidad y discrecionalidad a funcionarios y empresas. Jamás en la historia de Michoacán se había presentado una propuesta de ley tan retrógrada y  neoliberal en materia ambiental, cuyos principales beneficiarios son los grandes empresarios que han destruido los ecosistemas michoacanos. Con ello, la ley propuesta desmantela 30 años de pequeños avances en la construcción de instrumentos e instituciones de protección al medio ambiente.

 De nueva cuenta, Silvano Aureoles Conejo gobierna a favor del gran capital y en contra del pueblo michoacano, en esta ocasión con el apoyo de las y los legisladores de todos los partidos integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: Mayela del Carmen Salas Saenz  (MORENA), Lucila Martinez Manriquez (PVEM) y Norberto Antonio Martínez Soto (PRD); de la Comisión de Fortalecimiento municipal y límites territoriales: Hugo Anaya Ávila (PAN), Humberto González Villagómez y Sergio Báez Torres (MORENA); y de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública: Arturo Hernández Vázquez (PAN), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), Octavio Ocampo Córdova (PRD), Adriana Hernández Íñiguez (PRI) y Wilma Zavala Ramirez, quienes pretenden llevar este Dictamen a su discusión en segunda lectura y aprobación en el pleno del congreso, sin contemplar las diversas opiniones de la sociedad.

Exigimos a las y los legisladores locales RECHAZAR INTEGRAMENTE EL DICTAMEN DE LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Nos pronunciamos a favor de una ley que obligue al Estado asegurar un desarrollo territorial integral para Michoacán en el campo y la ciudad, con perspectiva sustentable, popular y democrática, con orientación a la restauración y conservación ecológica, sin fines de lucro y sin la intervención de empresas privadas.

 Exigimos la realización de una consulta amplia, pública e incluyente de todos los sectores de la población previa a la aprobación de este Dictamen, para generar un nuevo documento que sea sólido técnicamente y consensado con la población.

  Atentamente,  

Organizaciones: Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Morelia Ambiental, ECOMORELIA A.C., CEFADEBAS, Colectivo "Tierra y Libertad" Morelia, Sepamich A.C. "Servir para Michoacán", Solar Kan, Mujeres Solidarias, Red Solidaria de Derechos Humanos, Agua para todos, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Maderas del Pueblo del Sureste, AC, omité Nacional para la Defensa y Conservacion de Los Chimalapas, Colectivo Libertario Enkabronados.com sección NL, Movimiento en Defensa de la Sierra de Santiago, Asamblea de defensores del territorio Maya muuch xinbal, Movimiento en defensa de la Madre Tierra y la Vida Capítulo NL, Coordinadora en Defensa de los pueblos del Atoyac. Vrz., Guardianes de los cerros, Gto., Mexicali Resiste, Centro de Formación LIbre Nayarit, Senderos al Mar A.C., Colectivo Playas Libres, Evolucion-nacionmx, Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado A.C., EcoMuda (Voces y Manos Unidad en Defensa del Ambiente), Frente Ecosocial Paso del Norte, Grupo Ecológico Manglar A.C.

Personas: Gilberto López Guzmán (Presidente del COEECO), Patricia Ávila García, Gilberto López y Rivas, Carlos Padilla Massieu, Carmen Buerba Franco, Lilian Erendira Pacheco Magaña, Fermín Ambás, Julio Santoyo Guerrero, Dolf Woldringh, Javier López Osorio, Rosa lmelda Ibarra Rubio, Juan Echeverria, José Alfonso Domínguez Rosales, Sandra Martinez Contreras, Norma Yolanda Mota, Luisa Magaña, Cecilia Saviñon Casas, Pedro Uc.

MANIFIESTO EL PAÍS QUE NECESITAMOS

El movimiento ciudadano en defensa de la Loma nos preparamos para una nueva etapa. Estamos en un momento en que en nuestro país se siguen persiguiendo diariamente a quienes defienden el territorio, y en que los ecosistemas de toda la tierra sufren sus mayores tragedias, como los mega incendios forestales del año pasado, que arrasaron no sólo los bosques en México, sino en la Amazonia, África y Australia, y se repiten ahora.

 En aquellas regiones como aquí, estos crímenes ecológicos son solo el inicio. En nuestro caso tras la carretera se viene la urbanización salvaje y más despojo a campesinos, a costa de nuestros derechos al agua, a la seguridad de nuestros hogares y espacios de trabajo, de nuestra paz e incluso a costa de la muerte de trabajadores.

 Concluimos que defender el ambiente, la tierra, es apenas la primera lucha por defender la dignidad completa, pues los destructores no se detienen ante razones o leyes y continúan avanzando, haciendo invivibles nuestros lugares, buscando expulsarnos, para remodelar nuestros barrios, ejidos y cada aspecto de nuestra vida, a sus negocios, a su avaricia. El TLC y el actual T-MEC supeditan nuestras vidas y el medio ambiente a los intereses de las trasnacionales y el capitalismo mundial.

 Al imponernos por la fuerza sus proyectos como el túnel, lo que nos queda para defendernos es dar otro tipo de lucha más amplia, junto a quienes compartimos este lugar y esta visión. En nuestros 15 años de lucha, nos hemos encontrado con otras luchas ambientales por todo el país desde Baja California a Chiapas, y vemos que avanzan hacia la misma conclusión: en México, tierra y libertad son necesariamente sinónimos, y no es posible vencer en lo local, a un enemigo global y que lo abarca todo. Pensamos que por ello las y los defensores de la tierra debemos iniciar una lucha juntos, unidos, más allá de nuestros terruños por el país que deseamos, por el país que necesitamos.

Atravesamos la peor crisis que la humanidad ha enfrentado, en nuestra visión se suman varios componentes. La crisis económica y la pérdida de derechos sociales y laborales, se encuentran profundamente interrelacionadas con la crisis ambiental, y deben ser vistas como distintas manifestaciones del capitalismo.

La degradación de los ecosistemas (escasez de agua potable, deforestación, pérdida acelerada de la biodiversidad, contaminación del suelo, aire y agua), son la consecuencia de la sobrexplotación capitalista, que solo beneficia a un puñado de personas (empresarios).

Desde hace décadas los científicos han demostrado que el calentamiento global y el cambio climático son resultado del incesante ciclo de generación de ganancia capitalista, que a su paso incrementa la explotación capitalista y explotación irracional del medio ambiente.

Esta minoría, se ha apropiado paulatinamente de todo: agua, bosques, minerales, petróleo, gas; ocasionando una alteración y deterioro sin precedentes de los equilibrios naturales, no solo en el ámbito nacional, sino también en el mundo entero.

La degradación ambiental y los efectos del cambio climático, suponen un riesgo principalmente para las y los trabajadores, los cuales, tenemos mayores posibilidades de enfermarnos y morir. Aunado a esto, los medios de subsistencia del 70 % de las personas que vivimos en situación de pobreza dependen directamente de los recursos naturales. Este riesgo ambiental no solo es para la humanidad, afecta a todos los seres vivos, a tal grado que las tasas de extinción de especies están aumentando. [i]

El problema de la escasez de agua no es propio de una ciudad o un país, es un problema mundial, y podríamos calificarlo como la consecuencia del capitalismo, el sistema económico hegemónico en el mundo. La extracción irracional de agua por parte de las empresas capitalistas y los procesos de privatización del agua promovidos por el gran capital mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Pagos, ha provocado el acaparamiento del agua en unas cuantas manos, y ha condenado a la mayoría de la población mundial a un limitado acceso al agua, frecuentemente no potable.

El despojo y privatización de agua es uno de los principales problemas que enfrentamos, actualmente el líquido vital se encuentra en manos de monopolios y trasnacionales, ocasionando un acceso desigual al agua. En el mundo 2300 millones de personas^[ii] (1 de cada 3) no tienen aún acceso a servicios de saneamiento adecuados, lo que ocasiona que cada año mueran cerca de 1.4 millones de personas por enfermedades prevenibles, como la diarrea y otras causadas por parásitos intestinales, asociadas al agua potable contaminada.

El despojo y acaparamiento de agua a manos de monopolios y trasnacionales, es y ha sido violento, reprimiendo pueblos enteros, asesinando con saña y crueldad a miles de activistas ambientales y sociales.

En nuestro país, 57% de la población carece de servicios de agua potable gestionadas de forma segura (ubicada dentro de casa, disponible cuando sea necesario y libre de contaminación fecal y química), 31% de la población no tiene agua disponible cuando la necesita y el 57% de la población reciben el agua contaminada,^[iii]  en cambio las grandes empresas nacionales y extranjeras, manufactureras, mineras, cementeras, cerveceras, refresqueras, inmobiliarias y agropecuarias acaparan al menos 9,641,419,256.36 metros cúbicos anuales^[iv] , esto equivale al consumo de agua anual básico para 264,148,472.78 personas.^[v]

Esta situación de desigualdad y sobreexplotación de la naturaleza tiene su origen en un marco jurídico, político y económico, que favorece la obtención de ganancias por encima de la vida de millones de compatriotas. Ante esta crisis que pone en riesgo nuestra subsistencia, es necesario transformar nuestra realidad.

A lo largo y ancho del territorio nacional hay miles de compatriotas luchando contra algún atropello, la autoridad reconocía que el año pasado había más de 500 conflictos ambientales[vi].

Actualmente estamos desarticulados y sin una plataforma nacional que ponga en el centro la administración democrática y sustentable del agua, orientada a asegurar el derecho humano al agua y priorizar la soberanía alimentaria, así como, cuestionar y erradicar el uso del agua orientados a la producción capitalista.

Esta situación nos lleva a pensar el país que necesitamos, y las tareas urgentes para construirlo.

El país que necesitamos, respeta el medio ambiente. Es necesario unir fuerzas contra la implantación de proyectos industriales, agroindustriales y extractivos, que han llevado a nuestro país a perder entre el 2001 y el 2017, 3.2 millones de hectáreas de bosques, 6% de su territorio forestal.

El país que necesitamos, garantiza el derecho al agua. Es necesario impulsar una nueva Ley de Aguas, que elimine el acaparamiento, desigualdad e inequidad en el acceso al uso del agua potable.

El país que necesitamos, respeta los derechos laborales, que han sido eliminados por completo. Solo el 10% de las y los trabajadores están sindicalizados, la mayoría laboramos por contrato o incluso sin el, con la zozobra permanente del despido, lo que vuelve muy difícil la lucha por nuestros derechos laborales. Es necesaria una Ley del Trabajo que elimine el outsourcing y que devuelva los derechos arrebatados por la patronal.

El país que necesitamos, pone en el centro los derechos de las mujeres. Actualmente, más del 50% del territorio nacional se encuentra bajo la alerta de género, las mujeres somos privadas del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El Estado no tiene como prioridad garantizar nuestras vidas y nuestros derechos. Es necesario construir un marco jurídico e instituciones que protejan nuestras vidas.

El país que necesitamos, es igualitario. Ahora, 16 mexicanos acumulan la riqueza de 53 millones, mientras el PIB por persona crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco.

El país que necesitamos, defiende al campo. Nuestro país ha perdido su soberanía alimentaria, las empresas agroindustriales trasnacionales se han apropiado de todo, pauperizando la vida de las y los jornaleros y dejando sin futuro a las y los campesinos. Resignando a nuestro campo al abandono y crisis permanente.

El país que necesitamos, es soberano energéticamente.  La minoría privatizó la industria eléctrica y de hidrocarburos, despojando de su territorio a las comunidades y campesinos del país. Con lo anterior, se dio un golpe duro contra la soberanía nacional.  La reforma energética profundizó el desmantelamiento de PEMEX y CFE en beneficio de empresas transnacionales y nacionales, actualmente importamos el 75% de la gasolina que consumimos.

El país que necesitamos, respeta autodeterminación de los pueblos. La instalación de megaproyectos se ha impuesto con base al despojo, se han desplazado a más de 170 mil compatriotas de sus lugares de origen, nuestro país ocupa el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de las grandes presas en Latinoamérica.

El país que necesitamos, está en paz.  Más de 250 mil personas han sido asesinadas en la estrategia bélica empleada en los últimos 12 años, que no detuvo el narcotráfico, la violencia, las desapariciones forzadas, los feminicidios, la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las fosas clandestinas, si no al contrario todo fue en aumento.

El país que necesitamos, no llegará solo, es necesario luchar por el. Transformar de fondo nuestra patria, recuperar los derechos robados, construir la república democrática de las trabajadoras y trabajadores.

¡Llego el momento de que esta situación termine! Todas y todos tenemos el deber de construir el país que necesitamos, por el presente, por el futuro y por la vida.

Convocamos a las organizaciones, defensoras y defensores ambientales a un proceso de diálogo y coordinación en la búsqueda de alternativas comunes para continuar nuestras luchas y la construcción de un país igualitario y sustentable.

MOVIMIENTO CIUDADANO EN DEFENSA DE LA LOMA (MCDL)

Condenamos las amenazas de Constellation Brands, CCE y Coparmex

El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma condenamos la arrogante amenaza de Constellation Brands, el Consejo Consultivo Empresarial y la Coparmex de demandar al Estado mexicano por cancelar la construcción de la planta cervecera al amparo del TLCAN, luego que en consulta pública con el 76.1% de los votos el pueblo de Mexicali decidió que el agua es de y para el pueblo, y por tanto, cancelar la construcción de la fábrica de cerveza de la empresa Constellation Brands.

La Constellation Brands, el Consejo Consultivo Empresarial y la Coparmex están acostumbrados a despojar el agua y el territorio del pueblo mexicano, acostumbrados a imponer sus intereses reprimiendo violentamente al pueblo. Acostumbrados a mandar no toleran que el pueblo forje democráticamente su propio destino, defienda sus derechos, el agua y el territorio.

La convicción del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma estamos es que el agua debe ser administrada sustentable y democráticamente por el pueblo, priorizando el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria, así como, estableciendo plan de manejo para todas cuencas y acuíferos para garantizar el equilibrio ecológico y abastecimiento de agua.

Por ello nos uniremos al pueblo de Mexicali y a todas las organizaciones que defienden el derecho humano al agua para enfrentar a la élite empresarial en la defensa del agua.

¡Viva el pueblo de Mexicali!

¡Alto a la privatización y explotación irracional del agua!

¡El agua es de todas y todos!

¡Por la administración sustentable y democrática del agua!

El 76.1% dice que el agua es de y para el pueblo de Mexicali.

El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma celebramos la firme decisión del pueblo de Mexicali de defender el agua como un bien y derecho público. El agua es del pueblo y para el pueblo, y es el pueblo quién debe administrar sustentable y democráticamente el agua.

¡El pueblo de Mexicali dice no a la privatización del agua!

En el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma estamos convencidos que el agua debe ser administrada sustentable y democráticamente por el pueblo, priorizando el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria, así como, estableciendo plan de manejo para todas cuencas y acuíferos para garantizar el equilibrio ecológico y abastecimiento de agua.

El triunfo del pueblo de Mexicali es un hito esperanzador para todos los movimientos en defensa del agua, debemos continuar luchando por recuperar el derecho y propiedad pública del agua, así como establecer una administración sustentable y democrática del agua.

¡Viva el pueblo de Mexicali!

¡Alto a la privatización y explotación irracional del agua!

¡El agua es de todas y todos!

¡Por la administración sustentable y democrática del agua!