El país atraviesa una fuerte crisis ambiental que es resultado de la permisividad del Estado y la voracidad de los intereses económicos que por décadas han devastado ecológicamente regiones completas y deteriorado la calidad de vida de la población. Michoacán no escapa de esta grave situación: en los últimos 30 años se han perdido 68 por ciento de sus bosques por los cambios de uso del suelo (sobre todo por el aguacate), 71 municipios de Michoacán se encuentran en sequía extrema y la mayor parte de los ríos y cuerpos de agua están contaminados y los acuíferos sobreexplotados. Las ciudades del estado han crecido a costa de los espacios naturales y rurales, orientando su expansión bajo la lógica de los intereses inmobiliarios y alentando la segregación entre ricos y pobres.
Este panorama de devastación ambiental se ve alimentado por el incumplimiento de la ley y la orientación de políticas neoliberales para favorecer la expansión del capital en el territorio michoacano, lo que conlleva a la violación de derechos colectivos y humanos. Así pues, con el inicio de cada administración estatal se hacen Planes de Desarrollo que en el fondo no atienden los grandes problemas del estado, ya que se convierten en instrumentos de poder que ahondan las injusticias sociales y el deterioro ambiental. Por ejemplo, los gobiernos estatales de corte neoliberal (sin importar el partido político) han impulsado con sus políticas: los cultivos de agroexportación (fresa y aguacate, entre otros) que han sido los principales responsables de los cambios usos de suelo, el agotamiento de acuíferos y la contaminación de aguas; así como los megraproyectos urbanos, industriales y mineros que atentan con Áreas Naturales Protegidas y zonas de importancia ecológica como humedales, bosques y costas.
Para la construcción de estos planes de desarrollo se simula que hay apertura a la participación ciudadana mediante la organización de foros de consulta y mesas de trabajo, pero en los hechos nada de lo que allí se propone se retoma. El contenido de los planes ya está acordado con antelación, por la vía del pago de favores políticos y pactos con las élites económicas dominantes. Como Movimiento Ciudadano siempre hemos acudido a estos espacios de participación para aportar nuestras ideas y propuestas con la finalidad de incidir en mejores planes y políticas, sin embargo, nos sorprende que estas prácticas de simulación sean igualmente reproducidas por el actual gobierno estatal: hay un claro menosprecio a la participación ciudadana como son los foros de consulta (donde en el caso del foro de Pátzcuaro se dio un minuto para que se resumiera en una plenaria el total de las propuestas generadas en cada mesa de trabajo); la versión preliminar que circula del plan es totalmente acorde con el proyecto neoliberal (como ha dicho el gobernador “Michoacán tiene vocación aguacatera y fresera”) y con una notoria ausencia en la perspectiva ambiental y sin interés en buscar la soberanía alimentaria y la justicia social. De hecho, el apartado donde se incluye lo ambiental, se denominó territorios sostenibles, que es un término ambiguo y evita hacer explícita una agenda ambiental.
Paralelo a esto, el gobierno estatal ha nombrado funcionarios cuyos perfiles garantizan la continuidad del modelo neoliberal en el campo y la ciudad, donde se priorizan las ganancias de los actores privados a costa del deterioro social y ambiental. Incluso se propone hacer un greenwashing con los aguacateros, al darles certificaciones “verdes” a modo de exoneración de su huella ecológica (“borrón y cuenta nueva después de la devastación de bosques y aguas”) para que puedan vender mejor sus productos en el mercado global. ¡Un regalo del gobierno a los grandes depredadores de los bosques y aguas de los michoacanos!
Otro caso alarmante es la cercanía del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con el presunto delincuente ambiental y promotor inmobiliario, el notario Alejandro Méndez López y ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, quien fue invitado en agosto pasado a ser parte de su equipo de transición ambiental y hoy día figura como candidato fuerte para ser titular de la nueva Secretaría de Medio Ambiente, que entrará en funciones en el mes de enero próximo. La biografía de personas como Méndez, garantiza que al estar al frente de la política ambiental en el estado, se priorizarán los negocios particulares antes que el cuidado del medio ambiente. Basta recordar la reciente participación de este personaje en la devastación del cauce federal del río Bello, que es tributario del río Chiquito de Morelia, para la construcción de una vialidad que conecta con un proyecto inmobiliario de su propiedad denominado “Campestre Puerta del Bosque”, que se ubica en una zona forestal con estatus de área natural protegida y zona de protección ambiental “Pico Azul-La Escalera”. El citado notario junto con otros dos socios son dueños de un predio de 17 hectáreas y sin ninguna ética ambiental han obtenido permisos ilegales para la autorización de su fraccionamiento, como son los casos de la evaluación positiva de la manifestación de impacto ambiental por la otrora Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente (periodo Ivo Gutiérrez) y los permisos obtenidos en la anterior gestión municipal de Alfonso Martínez.
De solo contemplar a Méndez como Secretario de Medio Ambiente nos alerta de una ausencia intencional de la perspectiva ambiental en la política estatal para facilitar la consolidación del proyecto económico dominante. Este camino que pretende seguir la administración del gobernador Alfredo Ramírez es totalmente neoliberal y lo llamamos a que impulse una verdadera transformación, donde: corte con lo viejo, deje atrás una política que ha sumido al estado en una crisis ambiental sin precedentes y se desprenda de personajes corruptos que solo manchan su gestión.
Debemos puntualizar de que estamos a tiempo de comenzar una verdadera transformación que implique revertir los efectos de la crisis ambiental, para esto planteamos algunas líneas generales de política (con énfasis en el agua):
1. Las partes altas de las cuencas y sus ecosistemas forestales y riparios asociados, deben considerarse como zonas prioritarias para la seguridad hídrica de los asentamientos humanos, las actividades agropecuarias y pesqueras y otros ecosistemas (ríos, lagos, costas), que se ubican en las partes media y baja. En este sentido, deben tener un estatus de protección como zonas de alta importancia ambiental e hídrica y contar con programas de manejo que garanticen su conservación y restauración, así como políticas de compensación ambiental y apoyo a los poseedores y usufructuarios de los bosques.
2. Con el fin de regular las malas prácticas de la agricultura de exportación, se debe prohibir el uso de cañones antigranizo y tipificarlo como delito ambiental por afectar las condiciones climáticas locales y en particular a las aguas meteóricas, que son esenciales en el ciclo natural del agua del que dependen los cultivos agrícolas de temporal (maíz) y la población en general para su abastecimiento. Igualmente se debe prohibir la construcción de ollas de agua en cuencas cerradas y zonas forestales, así como el vertido de descargas agrícolas (con alto nivel de agroquímicos) que contaminan las aguas superficiales (ríos y lagos) y subterráneas (acuíferos) y afectan la salud humana y de los ecosistemas.
3.Fortalecer los sistemas agropecuarios que no generan estrés hídrico (como la milpa) y contribuyan a la producción local y regional de alimentos, así como no incentivar con programas públicos la expansión de cultivos de agroexportación que demanden altos consumos de agua, ya que elevan el estrés hídrico y la conflictividad en las regiones donde se desarrollan. Además de que se deben evaluar los altos costos sociales y ambientales que genera el sistema agroexportador y sus efectos en la pérdida de soberanía alimentaria y seguridad hídrica (sobreexplotación de acuíferos y contaminación del agua).
4. El programa hídrico estatal y de medio ambiente deben fomentar las industrias limpias y establecer una mayor vigilancia y monitoreo sobre la contaminación del agua y el deterioro ecológico de ríos, lagos y costas. La minería debe estar más regulada para evitar que sus residuos peligrosos y tóxicos afecten y contaminen las fuentes de agua superficial y subterránea y los ecosistemas terrestres y costeros. La Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM) debe fortalecer sus sistemas de inspección y vigilancia en el marco de sus competencias, también la Secretaría de Salud deben monitorear los impactos de la contaminación del agua en la salud humana y alimentos y diseñar y aplicar una estrategia para manejar casos crónicos en la población.
Estas son solo algunas de las líneas que como movimiento socioambiental impulsamos y por las cuales continuaremos luchando para conseguir revertir los terribles efectos de la crisis ambiental, porque nos va la vida en ello. Llamamos a la sociedad a organizarse, a defender el territorio, el agua, los bosques, el aire, la vida. Cuentan con nosotras y nosotros para ello.
Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma
Morelia Michoacán a 20 de diciembre de 2021