Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, los tres niveles de gobierno, sin importar el partido al que pertenezcan, han defendido los intereses de grandes empresarios inmobiliarios a costa de la pérdida de nuestros bosques y las zonas de recarga de agua. Para favorecer estos negocios inmobiliarios, las autoridades estatales y municipales impulsan proyectos de infraestructura pública como el Segundo Anillo Periférico de Morelia, parques agroindustriales y presas, para favorecer la expansión urbana en áreas vitales como la cuenca del río Chiquito, poniendo en riesgo a la población y a una de las zonas de mayor importancia hídrica y ambiental.
Desde los tiempos de Godoy, Silvano, Fausto, Calderón, Peña Nieto, Alfonso Martínez y hasta la actual administración de la 4T, todos han contribuido con permisos y acciones que priorizan los negocios y la especulación inmobiliaria sobre el bienestar ambiental y social.
El caso más reciente de esta complicidad es la autorización del cambio de uso de suelo de más de 17 hectáreas en terrenos forestales para favorecer a Bosque Monarca SA de CV (conocida como Altozano) por parte de la SEMARNAT. Esto fue posible gracias al respaldo del delegado de esa dependencia en Michoacán, del Gobernador del Estado y del ex titular de la Comisión Forestal de Michoacán, estos últimos, en su calidad de presidente y suplente del Consejo Estatal Forestal, emitieron una opinión positiva para que se otorgara este permiso irregular. Esta decisión afecta gravemente la cuenca del río Chiquito y compromete la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras que habitamos la cuenca del lago de Cuitzeo.
Adjuntamos una línea de tiempo que documenta cómo estas decisiones que se tomaron con la complicidad de los distintos niveles de gobierno, vulneran el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que prohíbe el cambio de uso de suelo en terrenos deforestados o incendiados, salvo que hayan pasado 20 años y se acredita la regeneración de la vegetación. Esta autorización forma parte de un plan de expansión urbana en la cuenca del río Chiquito, privilegiando los intereses privados de Altozano sobre el derecho humano a un ambiente sano, al agua ya una vida digna.
Esta expansión inmobiliaria responde a la especulación y no a satisfacer el derecho humano a la vivienda. En Morelia, el 25% de las viviendas están deshabitadas, siendo la tercera ciudad a nivel nacional con mayor proporción de viviendas deshabitadas. Este porcentaje elevado obliga a realizar un análisis profundo respecto a la calidad de las viviendas construidas, el precio de las mismas y los ingresos de la población que carece de acceso a una casa.
Desde una perspectiva social y ambiental no se justifica la construcción de casas en la cuenca del río chiquito. La ampliación del fraccionamiento Bosque Monarca tiene como propósito la especulación e incrementar los ingresos de los dueños de Altozano.
La autorización del cambio de uso de suelo forestal es parte de un plan de expansión urbana en la cuenca del río chiquito, que amenaza con destruir los bosques que doten de agua y servicios ambientales a cientos de miles de personas. El plan incluye declarar zonas urbanas y urbanizables, el despojo de agua a los pueblos originarios a manos de empresas privadas, y la construcción de presas y del segundo libramiento.
El eje articulador de este plan de expansión es el proyecto de segundo anillo periférico, y ante ello están surgiendo más organizaciones como el Observatorio SocioAmbiental y el Frente contra la gentrificación, para denunciar y oponernos a este desarrollo urbano neoliberal propiciado por las autoridades de los 3 niveles de gobierno.
¡Por una Morelia para todos!
¡No al crecimiento urbano especulativo!
¡Alto a la deforestación y destrucción de la cuenca del río Chiquito!
¡Alto al segundo libramiento!